SEGURIDAD NACIONAL Y CIUDADANA

SEGURIDAD NACIONAL

Incrementar el pie de fuerza en subregiones críticas (Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio).
Promover la implementación de drones, cámaras inteligentes, sistemas de monitoreo en zonas rurales y urbana, equipos de inteligencia que nos permita hacerle frente a las estructuras criminales.
Modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública
Recursos legislativos para garantizar equipos modernos, chalecos, vehículos y formación continua.
Estrategia integral contra grupos armados y estructuras criminales
Impulsar un Plan Nacional de Intervención en Zonas de Presencia Criminal, con coordinación entre Fuerzas Militares, Fiscalía y Policía.
Reforzar la inteligencia financiera para atacar las economías ilegales (minería ilegal, extorsión, narcotráfico).
Promover la creación de Fiscalías Especializadas Regionales para acelerar investigaciones.
Seguridad rural y protección de líderes sociales
Crear un Fondo de Seguridad para el Campo Antioqueño: apoyo a campesinos, guardias rurales y tecnología agrícola segura.
Protocolos y presupuesto para protección rápida de líderes sociales, comunales y defensores del territorio.
Impulso a vías terciarias y conectividad, factores que reducen presencia ilegal.
Prevención del reclutamiento y rutas de protección para jóvenes
Programas obligatorios de actividades deportivas, educación técnica y emprendimiento financiados por el Estado.
Convenios con empresas para crear rutas de empleo juvenil alejando a los jóvenes de economías criminales.
Centros regionales de atención
progresividad en las penas constituye un mecanismo jurídico orientado a ajustar la respuesta penal frente a la reiteración delictiva, preservando los principios de proporcionalidad, racionalidad punitiva y protección social. Bajo este enfoque, la sanción no se determina únicamente a partir del hecho aislado, sino de la persistencia del comportamiento ilícito, de modo que la pena puede agravarse de manera gradual cuando se verifica continuidad o reincidencia. Este modelo requiere la definición de criterios objetivos, tales como el número de eventos que configuran la continuidad, los límites máximos de agravación y la valoración judicial de las circunstancias personales y contextuales del infractor. Asimismo, su aplicación debe equilibrarse con garantías esenciales del derecho penal, evitando automatismos punitivos y asegurando que cualquier incremento sancionatorio responda a una justificación constitucionalmente válida y a una función preventiva y resocializadora del sistema penal.
La creación de establecimientos penitenciarios orientados al trabajo productivo y remunerado constituye un enfoque centrado en la resocialización, el respeto a la dignidad humana y la reducción de la reincidencia. Este modelo busca que las personas privadas de la libertad accedan a actividades laborales formalizadas, supervisadas y compatibles con estándares laborales y de derechos humanos, de modo que puedan adquirir competencias, generar ingresos lícitos y mantener vínculos productivos con la sociedad. Para su implementación, es necesario garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, programas de capacitación, mecanismos de remuneración justa y sistemas de certificación laboral que tengan validez en el mercado externo. Asimismo, estos esquemas deben evitar prácticas de explotación o trabajo forzado, asegurando el carácter voluntario, formativo y rehabilitador del trabajo penitenciario. En consecuencia, tales iniciativas se inscriben dentro de una política penitenciaria orientada no solo al control y la custodia, sino al desarrollo humano y a la reinserción social efectiva.

SEGURIDAD CIUDADANA

Promover la creación de comunidades seguras para que estas tengan recursos como drones de vigilancia, cámaras de seguridad, alarmas y comunicación directa con la policía y las fuerzas militares para evitar la acción delincuencial y poder identificar las posibles situaciones de riesgo.